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LEY QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA EL PROYECTO TURÍSTICO DEL GOLFO DE PAPAGAYO…

 
GOLFO-PAPAGAYO-1 No. 6370 del 20 de agosto de 1979.
A NUESTROS ESTIMADOS LECTORES LE TRANSCRIBIMOS LA LEY 6370 DE 1979 LA CUAL DECLARA DE INTERÉS TURÍSTICO UN TERRENO UBICADO EN GOLFO DE PAPAGAYO. ESTO DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE CONSULTAS A ESTE DIARIO HECHA POR CIUDADANOS GUANACASTECOS.  ESTA LEY PONE EN EVIDENCIA QUE EL FAMOSO PROYECTO PAPAGAYO NO EXISTE EN LA REALIDAD, PUES NUNCA EXISTIERON PROCESOS EXPROPIATORIOS CONFORME A ESTA MISMA LEY Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas
completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su
ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía
Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre la
base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.1 Carrillo Norte,
Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará
entre las siguientes coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62
Este, como límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y
2.84 Norte con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte
con 3.62 Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50
Este y 2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54
Este, como límite Oeste.
Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada
desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena.
Artículo 2º.- Autorízase al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en
forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero con el refrendo de la
Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la zona
descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el
desarrollo del proyecto.
Artículo 3º.- El Instituto Costarricense de Turismo deberá levantar un expediente
administrativo sobre los inmuebles que adquirirá para desarrollar el proyecto de
Bahía Culebra.
Únicamente sobre la base de este expediente, la Dirección General de la
Tributación Directa podrá proceder a fijar el monto de la indemnización que deberá
pagarse al propietario del inmueble afectado. Obtenido el informe de la Dirección
General de la Tributación Directa el Instituto Costarricense de Turismo requerirá al
propietario, personal, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes lo
acepte o presente a su avalúo; si no hubiere acuerdo y las partes así lo
convinieren se solicitará un peritazgo del Colegio de Ingenieros Agrónomos o del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, requiriendo a uno de
esos colegios para que nombre un equipo idóneo que haga el peritazgo
correspondiente. Este se llevará a cabo dentro de los veinte días hábiles
siguientes. Los honorarios de dicho peritazgo serán pagados por el Instituto
Costarricense de Turismo.
Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.
Si sobre la base de los avalúos indicados en el párrafo anterior, el Instituto
Costarricense de Turismo y el propietario llegaren a un acuerdo, comparecerán al
otorgamiento de la escritura o escrituras correspondientes. Las escrituras se
otorgarán ante la Notaría del Estado y en ellas deberá darse fe del refrendo de la
Contraloría General de la República.
Artículo 4º.- Si no hubiere acuerdo o si el propietario no concurriere al llamado del
Instituto Costarricense de Turismo, se dictará de inmediato el Decreto Ejecutivo de
expropiación y, publicado éste, se pasará el expediente respectivo al Juzgado Civil
de Hacienda para que, mediante resolución considerada, determine el monto de la
indemnización.
A partir del momento en que el Instituto Costarricense de Turismo, depositare a la
orden del propietario la suma fijada por la Dirección General de la Tributación
Directa, como indemnización, durante el trámite de las diligencias de exportación
el juzgado extenderá al Instituto Costarricense de Turismo, a solicitud suya,
autorización para entrar en posesión de lo expropiado, sin perjuicio de continuar al
trámite de las diligencias instauradas, aunque el interesado opte por retirar lo
depositado.
Para fijar justamente la respectiva indemnización, el juez podrá ordenar la prueba
que estime conveniente, para mejor proveer.
Artículo 5º.- En la etapa de arreglo directo las partes podrán auxiliarse, conjunta o
separadamente, con la opinión de personas y entidades cuyo asesoramiento
facilite determinar el valor justo de los derechos de poseedores y propietarios
sobre las tierras y las mejoras efectuadas.
En esta etapa las partes aplicarán, además de los que son usuales en materia de
avalúos, criterios relativos al lugar de residencia de poseedores y propietarios; la
duración de su posesión o propiedad; el aporte de cada parcela al buen éxito del
proyectos, tanto por su ubicación como por su valor ecológico; los trabajos
realizados previamente por los poseedores y propietarios y la reubicación y
rehabilitación de éstos una vez que hayan hecho abandono de sus tierras. Estos
criterios se aplicarán con el fin de mejorar el monto de las indemnizaciones dentro
de los márgenes razonables referidos al rango de los avalúos y a los límites
económicos y de rentabilidad del proyecto.
Artículo 6º.- Las personas que, el entrar en vigor esta ley, demostraren hallarse
ocupando bienes inmuebles en la zona inalienable de Playa Panamá, serán
indemnizadas con arreglo a los mismos criterios previstos en el artículo anterior.
La ocupación debe haber sido ejercida ininterrumpidamente durante los últimos
diez años, en forma quieta y pública; los interesados podrán invocar en su
beneficio la ejercida por sus transmitentes y antecesores.
Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.
La prueba de la ocupación en las condiciones anteriores, se hará mediante
información que levantará el Instituto Costarricense de Turismo, a quien
corresponderá aprobarla o improbarla, sin perjuicio del recurso de apelación que
los interesados podrán plantear para ante uno de los juzgados contencioso
administrativos, cuya decisión será definitiva.
Artículo 7º.- El pago de las tierras será en efectivo. Sin embargo, las partes, de
común acuerdo, podrán utilizar otras modalidades de pago, preferentemente de
permuta.
Artículo 8º.- El Estado financiará inmediatamente y adecuadamente la compra y
acondicionamiento de terrenos necesarios, su conservación y la dotación de la
infraestructura primaria, para ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra. Se
autoriza al Instituto Costarricense de Turismo para coordinar con las instituciones
y organismos estatales, la construcción de las obras requeridas.
Asimismo el Estado proporcionará, en el menor tiempo posible y a través de sus
instituciones, las facilidades básicas al costo, a aquellos vecinos que deseen
reubicarse en el sitio o sitios de la zona adyacente al proyecto. Estos serán
determinados de común acuerdo y sin menoscabo de la economía en la
prestación de los servicios públicos.
Artículo 9º.- Al cumplirse ocho años de la publicación de la presente ley deberán
quedar concluidos los trámites administrativos, relativos a la adquisición por mutuo
consentimiento de los inmuebles y derechos a que alude el artículo 1º y, en caso,
publicado el correspondiente decreto de expropiación. En efecto de esos actos
jurídicos las propiedades y los derechos de posesión quedarán automáticamente
liberados de la declaratoria de utilidad pública y sus respectivos dueños
recuperarán el ejercicio absoluto de los atributos del dominio sobre esos bienes y
derechos.1
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza al Banco
Central de Costa Rica para contratar de inmediato créditos internos a favor del
Instituto Costarricense de Turismos en las condiciones más favorables que
puedan obtenerse (plazo, tasa de interés y período de gracia), hasta por la suma
de cuarenta millones de colones (¢ 40.000,000.00).2
Artículo 10.- Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo
podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo
turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la ley especial que la Asamblea
Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la
ley Nº 5847 del 18 de noviembre de 1975.
1 Así reformado por artículo 78 de la Ley No. 6963 del 31 de julio de 1984
2 Así reformado por artículo 13 de la Ley No. 6811 del 10 de setiembre de 1982
Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo.
Artículo 11.- En el desarrollo de este proyecto no podrán participar empresas
cuyos propietarios tengan parentesco, hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, con funcionarios del Gobierno y sus instituciones autónomas.
Artículo 12.- Rige a partir de su publicación.
Diario Digital El Independiente. Edgar Cantón